Según el informe, al 31 de diciembre de 2024, la deuda de la promotora de salud con Audifarma superaba los $486 mil millones, una cifra que, según el documento, ponía en riesgo la continuidad del servicio y el abastecimiento de insumos esenciales.
Pese a los acuerdos pactados en diciembre del año pasado, donde la Nueva EPS se comprometió a desembolsar $110.000 millones en enero de 2025, hasta la fecha solo giró $43.282 millones, menos del 40% del monto prometido.
El incumplimiento habría generado retrasos en la legalización de pagos y puso en jaque la operatividad del dispensario de medicamentos, afectando a miles de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo.
El documento revela la falta de flujo de recursos por parte de la Nueva EPS, lo que ha obligado a Audifarma a operar bajo un esquema de sostenimiento precario.
“No es posible continuar con la prestación del servicio bajo estas condiciones”, se advirtió en su momento. Además, se dijo que si la promotora de salud no cumplía con sus compromisos antes del 28 de febrero de 2025, se verían obligados a suspender la entrega de medicinas.
La crisis no sólo compromete el acceso oportuno a tratamientos, sino que vulnera el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Constitución y respaldado por la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
La falta de pago por parte de la Nueva EPS además afecta los principios de eficiencia y sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que podría desencadenar un colapso en la cadena de abastecimiento de medicamentos en varias regiones del país.
Mientras el panorama se torna incierto para los afiliados, las autoridades de salud aún no emiten un pronunciamiento oficial sobre las medidas que adoptarán para evitar una crisis de mayor magnitud.
La Superintendencia Nacional de Salud, que en diciembre sirvió de intermediaria en los acuerdos, enfrenta ahora el reto de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para evitar que miles de pacientes queden desprotegidos.
