El debate sobre la seguridad en Pereira sumó un nuevo capítulo tras la respuesta del gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, a los señalamientos del presidente Gustavo Petro por el aumento de homicidios en la capital risaraldense. El mandatario departamental pidió no estigmatizar a la ciudad y recordó que desde hace más de seis meses viene solicitando un Consejo Regional de Seguridad que —según él— habría evitado varias muertes.

Patiño argumentó que la ausencia de este espacio de articulación entre autoridades nacionales y locales retrasó acciones que eran urgentes para enfrentar la violencia. “Si ese consejo se hubiera llevado a cabo cuando lo solicitamos, seguramente hoy estaríamos hablando de menos vidas perdidas en Pereira y Dosquebradas”, afirmó.

Refuerzos y resultados parciales:

Tras la presión de la administración departamental, el ministro de Defensa visitó Pereira y se anunció un aumento en el pie de fuerza, junto con la llegada de unidades especializadas. Los operativos recientes contra el Clan del Golfo reflejan parte de esa respuesta: varias capturas, incautación de material bélico y la muerte de un cabecilla de esa organización.

El gobernador reconoció los avances, pero insistió en que la coordinación no puede depender de llamados aislados, sino de un trabajo estructurado entre niveles de gobierno.

Un problema que trasciende fronteras:

La advertencia de Patiño apunta a la geografía del conflicto. Según explicó, la criminalidad que se mueve en Antioquia, Chocó y Valle del Cauca tiene un impacto directo sobre Risaralda, lo que hace indispensable un enfoque regional. “No es un tema de fronteras, lo que ocurre en los departamentos vecinos también nos afecta”, reiteró.

El reclamo del gobernador pone sobre la mesa un asunto recurrente en la agenda de seguridad: la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales. Mientras Petro habla de los homicidios en Pereira como una señal de alerta, desde el departamento se insiste en que la respuesta tardía del Ejecutivo ha tenido un costo en vidas humanas.

El pulso político y la realidad de las cifras de violencia en Risaralda muestran que, más allá de los operativos puntuales, la discusión de fondo es si el país está preparado para asumir la seguridad como un fenómeno regional y no solo local.

Crédito: Eje21.