El llamado surge tras una denuncia que presuntamente presentaron autoridades del resguardo. El organismo advirtió sobre el reclutamiento forzado de adolescentes y jóvenes por parte de estructuras armadas ilegales que operan dentro del territorio ancestral.
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la Nación solicitó un informe detallado. Exigió que se explique las actuaciones administrativas y medidas adoptadas para proteger los derechos fundamentales de los jóvenes indígenas.
El documento lo enviaron a los Ministerios del Interior y de Defensa, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Gobernación de Risaralda y a la Alcaldía de Mistrató.
Según el testimonio entregado a la Procuraduría, grupos armados hacen presencia en el resguardo Emberá Chamí, ubicado en la cuenca del río San Juan.
La Procuraduría asegura que esta situación vulnera el derecho a la vida y la integridad de los menores. También, atentaría contra los principios de autonomía, autogobierno y autodeterminación del pueblo Emberá.
En la comunicación oficial dirigida a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, líderes indígenas aseguraron que actualmente hay presencia activa de al menos dos grupos armados ilegales en la zona.
Asimismo, aseguran que la de estos actores genera miedo, desplazamientos, desintegración familiar y la descomposición de sus formas tradicionales de organización comunitaria.
Esta convivencia forzada también estaría afectando el normal desarrollo de los procesos educativos y culturales propios del resguardo.
Ante este panorama, la Procuraduría advirtió que las entidades del Estado deben responder frente a una situación que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas y protección de la infancia.
El Ministerio Público considera imperativo adoptar de forma inmediata medidas de protección colectiva e individual que eviten la vinculación de menores a los conflictos armados.
De igual manera, instó a las entidades responsables a garantizar condiciones mínimas de seguridad, convivencia y permanencia en el territorio.
Hasta el momento, ninguna de las entidades requeridas se ha pronunciado públicamente sobre las medidas adoptadas o los resultados de las acciones desplegadas en la región.
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