Representantes del sector gremial de Risaralda enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que expresan su preocupación por la crítica situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia y en particular en ese departamento.
Según el documento, las deudas acumuladas con prestadores privados de servicios de salud alcanzan los $20 billones a nivel nacional, de los cuales cerca de $500.000 millones corresponden a Risaralda. En cuanto a los prestadores públicos, la deuda asciende a $14,5 billones, con aproximadamente $334.000 millones pendientes en el departamento.
La comunicación advierte que esta situación ha provocado el cierre temporal de más de 14.500 servicios médicos y el cierre definitivo de unos 4.600 en todo el país. Además, señalan retrasos en los pagos al personal de salud y a proveedores, lo que afecta directamente la calidad del servicio, el mantenimiento de los equipos, la actualización tecnológica y el suministro de insumos.
Uno de los puntos críticos mencionados es la falta de recursos asignados por las EPS para contratar servicios, especialmente en zonas rurales, así como la insuficiencia en el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2024 y 2025, que según la Corte Constitucional debe ser revisada con urgencia.
El documento también informa que la cartera vencida de las gestoras farmacéuticas supera los $4,4 billones, con pagos que tienen una mora de hasta 600 días, afectando la entrega oportuna de medicamentos y generando presión sobre los servicios de urgencias.
Otro aspecto señalado es la situación de las EPS intervenidas, donde los recursos pendientes no se reconocen contablemente, lo que pone en riesgo su recuperación y afecta a numerosas instituciones públicas y privadas.
Los firmantes solicitan al Gobierno Nacional una inyección urgente de recursos, el reconocimiento de las deudas, y la participación amplia de todos los actores del sistema en las mesas técnicas que se realizarán hasta el 29 de abril. También piden que los ajustes al sistema se hagan sin comprometer los avances logrados en los últimos 30 años, como la cobertura casi universal y la reducción del gasto catastrófico en salud.
