La escasez de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes en el limbo, cuestionando el cumplimiento del derecho a la salud. Personas con enfermedades crónicas como asma, epilepsia y cáncer enfrentan una lucha diaria para acceder a tratamientos vitales.
José Carranza, pensionado de 69 años, relata su angustia al quedarse sin el omalizumab, medicamento esencial para su asma crónica. “Mi calidad de vida desmejoró. Me ahogo en las noches y no puedo dormir”, comenta. Ante la falta de apoyo de su EPS, tuvo que pagar por una dosis de cortesía y asumir el costo de la aplicación, gastando 190.000 pesos de su bolsillo.
La crisis, impulsada por desabastecimiento global, burocracia en el Invima y desfinanciamiento del sistema de salud, ha dejado en evidencia las fallas estructurales del modelo. Según la Superintendencia, la entrega tardía de medicamentos es la tercera causa de quejas ciudadanas, afectando especialmente a los más vulnerables: niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.
Mientras los pacientes recurren a donaciones o presión al sistema, el gobierno y las EPS siguen sin ofrecer soluciones definitivas. “Si la salud es un derecho, ¿por qué nos niegan las cosas?”, se preguntan los afectados.
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