En las últimas horas, el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la violencia en Colombia, ha sido escenario de una nueva ola de deserciones. Integrantes de la estructura 33 del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las FARC se han desvinculado de ese grupo armado y han entregado sus armas a tropas del Ejército, buscando protección y resguardo en unidades militares.

El 21 de enero de 2025, un total de 14 personas, entre las que se encuentran hombres, mujeres y menores de edad, decidieron dejar las filas de la organización armada y entregarse a las autoridades. Al día siguiente, otras ocho personas, provenientes de la vereda La Azulita, en El Tarra, se sumaron a la lista de desertores. De esta última cifra, cuatro hombres, dos mujeres y dos menores de edad dejaron sus armas y optaron por la desmovilización, mientras que otras cinco personas fueron rescatadas en circunstancias aún desconocidas.

Según una fuente judicial del Ejército, el total de desmovilizados asciende a 35 personas, cifra que continúa en aumento a medida que avanzan las operaciones de rescate. Además, se ha conocido que 22 ciudadanos de la vereda Guachimán, ubicada en la zona rural de Tibú, han hecho un llamado urgente a la comunidad internacional y a las autoridades, a través de un video que circula en redes sociales. En el mensaje, denuncian que llevan más de seis días sin alimentos y temen por sus vidas debido a la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la principal vía de acceso, lo que impide la llegada de ayuda humanitaria.

Las autoridades, tanto civiles como militares, continúan con las investigaciones y con el proceso de atención a los desmovilizados, en especial a los menores de edad que han quedado involucrados en este conflicto. Mientras tanto, la crisis humanitaria en el Catatumbo sigue siendo una prioridad para los organismos de derechos humanos y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad de los pobladores de la región.