El departamento y su área metropolitana registran 239 homicidios en lo que va del año 2025, según cifras oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó su presencia en el Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevará a cabo este jueves 31 de julio en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

La reunión contará con la participación de autoridades locales, mandos de la fuerza pública, representantes del Gobierno Nacional y altos funcionarios civiles del orden departamental y municipal.

El objetivo del encuentro será revisar el panorama actual de seguridad en el departamento, fortalecer la coordinación institucional y definir acciones puntuales frente al incremento de la violencia, la presencia de estructuras armadas ilegales y las amenazas a líderes sociales.

El anuncio fue hecho por el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa. “Hemos logrado que el ministro Pedro Sánchez nos acompañe en este Consejo Extraordinario. Allí discutiremos cómo articular acciones concretas para mejorar la seguridad”, afirmó.

Durante el Consejo Departamental también se confirmó el aumento en el pie de fuerza del Ejército Nacional. Según el coronel Palomino, comandante del Batallón San Mateo, la presencia militar se ha incrementado en más de un 200 % durante el último trimestre.

Además, se anunció la entrada en operación de unidades especializadas como el Batallón de Despliegue Rápido y las Fuerzas Especiales Urbanas, que ya operan en Pereira y Dosquebradas.

Situación de seguridad crítica

Risaralda enfrenta una situación compleja en materia de orden público. Entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2025, se han registrado al menos 239 homicidios en todo el departamento.

Pereira y Dosquebradas presentan el caso más crítico con 136 y 54, respectivamente. A esto se suman múltiples denuncias por amenazas, presencia de actores armados ilegales en zonas rurales, y el desplazamiento forzado de familias en corregimientos fronterizos con el Chocó.

El Consejo de Seguridad del 31 de julio servirá también para evaluar el cumplimiento de compromisos asumidos previamente por la Nación, así como para proyectar nuevas estrategias en municipios críticos, donde se han identificado corredores de movilidad de grupos armados.