Aunque a la medianoche del martes pasado se había terminado la vigencia del hasta ahora más largo cese al fuego en la paz total del presidente Gustavo Petro e incluso en la historia de los procesos de paz de Colombia, solo hasta este jueves se conoció la carta con la que se oficializó que no habrá ampliacion.
La carta, cuya firma no es ni la del comisionado de Paz ni la del presidente Petro, sino de una asesora de la Oficina del Consejero Comisionado, dice que teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos, las partes cuentan con 72 horas “para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección”.
Gobierno dice que decisión no acaba la mesa
En la misiva se afirma que la no ampliación del cese no implica el fin de la mesa de diálogos.
“La decisión de no prorrogar el cese al fuego bilateral NO implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz, NO afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso, ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, se afirma en el documento.
Sin embargo, esas órdenes de captura sí serán levantadas para quienes pertenecían al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese.
“En virtud de lo establecido en las Resoluciones 323 del 23 de agosto de 2024 y 450 del 8 de noviembre de 2024, los miembros representantes reconocidos para participar en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación no cuentan con suspensión de órdenes de captura a partir del 16 de abril de 2025 a las 00:00 horas”, se explica en la carta.
Además, se explica que esta decisión será notificada al componente internacional, la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, que hacen parte de las organizaciones acompañantes y garantes del proceso de paz.
Tanto la delegación del Gobierno como la delegación de la disidencia trabajaron intensamente durante tres días (del jueves al domingo pasado) en una reunión extraordinaria en La Macarena, Meta. De ese encuentro no solo salieron varios acuerdos -uno de ellos que incluso trazaba una hoja de ruta para encaminar el proceso hacia un acuerdo definitivo- sino, además, una petición directa al presidente Petro para que extendiera el cese al fuego por seis meses más, “que se consideran necesarios para cumplir con los compromisos en cuanto a transformaciones territoriales y de economías ilegales”.
La petición no solo se hizo formalmente en la mesa, sino que desde hace días varias personas cercanas a la mesa movían el tema en la Casa de Nariño para que el presidente lo aprobara. Sin embargo, según conoció este diario, la principal oposición a esa ampliación venía de las fuerzas militares que, ahora con la conducción del ministro de Defensa, Pedro Sánchez —el primer funcionario en más de tres décadas que llega a esa cartera inmediatamente después de dejar su carrera militar—, le apuesta a una ofensiva militar más dura.
El pulso, a razón de la decisión de no extender el cese al fuego, parece haberlo ganado el ala militar.
¿Qué implicaciones tendría no extender el cese al fuego?
Fuentes cercanas a las delegaciones le dijeron a Colombia+20 que la no ampliación podría dificultar, aún más, la realización de los proyectos de transformación territorial. “La fórmula ha sido punto acordado, punto implementado, si no se hicieron algunas de las transformaciones territoriales en el marco del cese, será casi imposible en el marco de la guerra”, explicó una de esas fuentes.
Y agregó que esto podría empezar a interpretarse como un cierre unilateral del proceso por parte del Gobierno.
Además, dado que esa mesa de paz fue pactada bajo un modelo itinerante -es decir que las reuniones y ciclos de diálogo se han realizado en distintos puntos del país- las fuentes afirman que sin cese “nadie querrá moverse” por desconfianza.
Todo este panorama pone varias incertidumbres sobre el futuro de uno de los procesos más avanzados en términos de proyectos territoriales y acuerdos ambientales de la paz total del presidente Gustavo Petro. Si el acuerdo no se renueva, los efectos podrían sentirse con fuerza en lo humanitario, lo territorial, lo político y lo militar.
Así mismo, la no extensión de la prórroga podría reactivar las hostilidades entre la fuerza pública y el EMBF en regiones donde el grupo mantiene fuerte presencia, como el Cauca, Putumayo, Meta y Nariño o agravar la situación humanitaria que ya viven zonas como el Catatumbo o Caquetá. Esto podría derivar en un incremento de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados, confinamientos y otras violencias que afectarían principalmente a comunidades rurales e indígenas.
Aunque para muchos expertos los cese al fuego solo han servido para fortalecer a los grupos armados, no es menos cierto que también se han prevenido varias afectaciones para la población. En el más reciente de Human Rights Watch por ejemplo se decía que el problema no era tanto los ceses sino la falta de verificación y un proceso más estructurado para su veeduría y monitoreo.
En la reunión de La Macarena, justamente se habían pactado ajustes al mecanismo que hace seguimiento al cese al fuego.
Organismos como la ONU y países garantes del proceso siempre han instado a mantener los canales diplomáticos abiertos y a preservar los mínimos humanitarios alcanzados. Sin una alternativa clara, ahora que no hay cese, podría debilitar el respaldo internacional y dificultar la reactivación de futuros diálogos.
Pero esta decisión también tiene un componente político. La no renovación del cese podría ser un guiño del presidente al giro que se está dando en materia de seguridad y en el fondo mostraría que quizás también hay un cambio o una redefinición de la estrategia de paz del Gobierno Petro.
