Las entregas se realizaron en Pereira, Armenia, Manizales y varios municipios de Caldas
Más de 781 cartas de indemnización administrativa entregó en el eje cafetero la Unidad para las Víctimas. Una nueva etapa del proceso de reparación integral del conflicto armado en Colombia que benefició a personas de 12 municipios de Caldas, Risaralda y Quindío.
La inversión superó los $7.360 millones, como parte del compromiso del Gobierno Nacional con la justicia, la dignidad y la reconstrucción de los proyectos de vida truncados por la violencia.
Las jornadas se llevaron a cabo entre el 9 y el 18 de junio en las ciudades de Pereira, Armenia y Manizales. Así como en municipios como Belalcázar, San José, Riosucio, La Dorada y Samaná.
A estas acciones se sumó la orientación a los beneficiarios sobre el uso adecuado de los recursos, en espacios de acompañamiento psicosocial y asesoría económica.
Una de las víctimas que recibió su indemnización es Fernando Osorio, nombre ficticio por solicitud de confidencialidad. Terminó desplazado en 2003, cuando el Bloque Central Bolívar asesinó a su hermano en Arauca, Palestina (Caldas).
Hoy, Osorio reside en Anserma y, con el apoyo, busca reconstruir su hogar y retomar el rumbo que la violencia le arrebató. “El dinero no devuelve a mi hermano, pero ayuda a cerrar un capítulo y comenzar otro”, expresó.
Al respecto, Katherine García Ochoa, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, destacó que estas acciones no se limitan a un pago económico.
“Es importante llevar un mensaje de paz y reconocimiento para que las víctimas sepan que son nuestra prioridad. El proceso de reparación integral no sólo indemnización, sino que contempla medidas de satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación”, afirmó.
Las entregas tuvieron énfasis particular en personas mayores, enfermas o con discapacidad. Esto garantiza condiciones adecuadas de atención en sus propios municipios para evitar desplazamientos y riesgos a su salud.
Durante las jornadas, las víctimas también participaron en la estrategia Tejer la palabra, bitácoras de la memoria, plasmando sus mensajes en el “Libro de la Dignidad”.
Esta iniciativa busca recoger las voces de quienes han vivido el conflicto armado, promoviendo la memoria colectiva, el respeto y la resiliencia.
El proceso contó con el acompañamiento institucional de la Defensoría del Pueblo, el SENA, alcaldías locales y otras entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Además, se ofrecieron espacios para la educación financiera, el acceso a programas gubernamentales y el fortalecimiento de capacidades individuales.
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