Durante la audiencia de formulación de acusación celebrada este miércoles en el Juzgado Tercero Penal del Circuito, de Pereira, el proceso contra el exalcalde Carlos Alberto Maya López y los demás implicados en el escándalo de presuntas irregularidades en el contrato de la Avenida Los Colibríes volvió a quedar en suspenso.
La jornada estuvo marcada por solicitudes de nulidad, reclamos por falta de claridad en el escrito de acusación y momentos de tensión que obligaron a la juez a intervenir para mantener el orden.
Los defensores de los imputados, entre ellos contratistas y exfuncionarios, manifestaron su inconformidad con el contenido del escrito presentado por la Fiscalía General de la Nación.
Según argumentaron, la acusación adolece de ambigüedades y omisiones sustanciales, especialmente en lo relativo a los hechos jurídicamente relevantes y la descripción de las pruebas.
Por esta razón, solicitaron formalmente que se realicen aclaraciones puntuales a los elementos probatorios y se precise el alcance de los cargos.
Particular protagonismo tuvo la abogada del exalcalde Maya, quien presentó una solicitud de nulidad del proceso alegando violación al debido proceso.
Según la defensa, la audiencia de imputación fue irregular, ya que los hechos descritos en el escrito acusatorio no se corresponden con los cargos imputados inicialmente, lo que a su juicio, impide el pleno ejercicio del derecho a la defensa.
Esta solicitud deberá ser respondida formalmente por la Fiscalía en una nueva audiencia programada para el próximo lunes 5 de mayo, partir de las 09:00 de la mañana, en la que también se espera una respuesta a todas las observaciones de los defensores.
La sesión, que se extendió por varias horas, no estuvo exenta de tensión. En un momento, el exalcalde Carlos Maya pidió la palabra para intervenir directamente, con el propósito de aclarar algunos puntos de la acusación en su contra.
La juez lo interrumpió de inmediato y le recordó que debía respetar su derecho constitucional a guardar silencio, por tratarse de una etapa procesal en la que no debía pronunciarse.
Poco después, el ingeniero Carlos Guillermo Suárez Escobar, contratista y socio mayoritario del Consorcio Prosperidad Vial Cerritos, responsable de la ejecución de la obra, intervino en tono enérgico para manifestar su inconformidad con la acusación.
La juez también le advirtió que, de acuerdo con el procedimiento, no puede intervenir directamente sin autorización y le prohibió expresamente tomar nuevamente la palabra durante esta fase del proceso.
Al cierre de la audiencia, quedó claro que el juicio no podrá avanzar mientras no se resuelvan las solicitudes de nulidad y las peticiones de aclaración al escrito de acusación.
La próxima audiencia será determinante para establecer si el proceso sigue adelante o si se deben realizar ajustes significativos desde la Fiscalía.
Recientemente, la Contraloría General de la República advirtió sobre un posible detrimento patrimonial que ronda los 18 mil millones de pesos, cifra que aumenta la gravedad del proceso.
